Las pobres remuneraciones por asunto (134 euros de media), los retrasos en los pagos (cinco meses en algunos territorios) y las actuaciones que no se pagan han desencadenado una cadena de dimisiones en bloque. El movimiento empezó hace un mes. En Galicia, los abogados de oficio de Lalín y A Estrada (Pontevedra) anunciaron su baja organizada de las listas de oficio. La semana pasada, 60 abogados y procuradores del turno penal de Ponferrada (León) siguieron el ejemplo. Fuentes cercanas a las protestas aseguran que vendrán más bajas en Valladolid y León, porque, dicen, la situación “es insostenible”.
Los abogados y procuradores pro huelga confían en provocar un efecto dominó. Los portavoces de las protestas animan a que otros letrados se sumen al movimiento y se den de baja en sus respectivos territorios como forma de presión. “Puede cuajar en los partidos judiciales más pequeños, donde es más fácil organizarse”, explica Alejandra Azcorra, una de las letradas que organiza las protestas en Ponferrada.